Opinión

Proponente ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Este 20 de julio del 2021 tuve el honor de ser evaluado por el CNM encabezado por la máxima representación de los tres poderes del Estado: el Excelentísimo Presidente de la República; los presidentes de las Cámaras Legislativas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la honorable Procuradora General de la República y los representantes de los bloques de partidos en el Congreso.

Debo dar gracias a Dios cada segundo de mi vida, por la gran valoración que he recibido y el gran apoyo, no solo de mi familia, de los más cercanos, de conocidos, sino, de personas con los cuales nunca había hablado y que me escribieron, me llamaron y me hicieron saber la alta valoración que tienen sobre mi persona. La verdad que esto no tiene precio, por lo cual me siento enormemente agradecido.

Me sometí al escrutinio del Estado por primera vez en un concurso público de esta naturaleza, convencido de que la institucionalidad del país debe fortalecerse, no importan los resultados.  Confío en que los elegidos reúnen los requisitos para conducir una institución tan técnica y profesional como lo es el Tribunal Superior Electoral, de gran relevancia para el equilibrio de la democracia en la República Dominicana.

Es necesario que este órgano se concentre en desarrollar sus diferentes roles, reoriente su imagen y continúe fortaleciendo la política jurídica electoral, a los fines de garantizar la   institucionalidad, la aplicación de las normativas legales y ser un celoso guardián en el cumplimiento del propósito constitucional de la existencia de los partidos como soportes imprescindibles a la democracia dominicana.

De haber tenido el honor de ser parte del TSE, hubiese propuesto a los demás compañeros, conformar una gran alianza institucional con la Junta Central Electoral, la Procuraduría General de la Republica y la Suprema Corte de Justicia, con el apoyo del congreso y del poder ejecutivo, para trazar una estrategia del fortalecimiento del aparato electoral, a los fines de procurar solucionar las partes neurálgicas de los procesos electorales, con la implementación de mecanismos de eficiencia y transparencia, para hacer de estas contiendas electorales eventos que produzcan certeza y confianza cada cuatro años.

Se necesita modificar el rol de las Juntas electorales en organismos más independientes, profesionales y eficaces, con más poder en las decisiones de las asambleas electorales que son representadas por los órganos llamados colegios electorales. Hay  que deslindar las funciones administrativas y contenciosas de las Juntas Electorales con funcionalidad separada e independiente. Tienen que tener un representante del ministerio público especializado en materia electoral y del registro civil en cada una de estas oficinas o tribunales.

Se impone la elaboración de un Código Electoral que recoja y actualice todas las legislaciones y normativas de carácter electoral, como son las leyes del régimen electoral y su reglamento, de los partidos y agrupaciones políticas y su reglamento, del Tribunal Superior Electoral, su reglamento y creación, de un código procesal electoral en el cual estén definidos los roles de cada una de las instituciones y los actores del aparato electoral nacional.

Propongo conformar  una comisión de expertos, que respondan a los intereses de nación, para evaluar las fortalezas y debilidades de cada una de las legislaciones y normativas,  con la encomienda de elaborar un proyecto integral  que responda a la realidad dominicana.

En lo que respecta al Registro Civil, que esa alianza institucional antes citada, incluya al Ministerio de Educación, para trazar una política educativa a los padres, tutores o responsables de los menores, sobre la obligatoriedad que tienen de registrar a sus hijos en las Oficialías del estado civil al momento de nacer, que al no hacerlo, tengan conocimiento que incurren en violaciones a los derechos fundamentales de los menores, con sanciones previstas en la ley. Que esa política educativa, incluya la materia de educación cívica y ciudadanía.

La Junta Central Electoral ha tenido la iniciativa de desplegar una cruzada con el objetivo de transparentar el registro civil dominicano, esto requiere de una revolución, que incluye el cambio de cultura del manejo de esa institución, en razón de que no basta con actualizar el registro civil, sino, reparar todos los errores en las actas que históricamente ha incurrido la institución y asumirlos como errores propios de la Junta y asegurarse de que no vuelvan a repetirse.

En cuanto a la parte penal que le atribuye la ley a la Junta y al Tribunal Superior Electoral, estas instituciones, sobre todo, el   TSE, tiene que adecuar los organismos internos que se requiera, con el auxilio de sus jueces suplentes, para la implementación de mecanismos procesales que respondan a las exigencias de la especialidad de la materia, ya que es posible su implementación, sin los traumas de exigibilidad del procedimiento penal, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso.

Gracias a mi pueblo, a mi gente, por esa gran manifestación de confianza en mí, y gracias al CNM por darme la oportunidad de manifestar mis inquietudes y propuestas en la breve entrevista que me concedió. Gracias mil.

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