Legislativa Diputados indignados por maltratos a menores en centro de Haina

La Cámara de Diputados (CD) agotó este miércoles una intensa labor legislativa que involucró fuertes críticas en contra de los estamentos del Estado responsables de evitar maltratos y abusos contra niños, niñas y adolescentes encontrados en el establecimiento denominado Fundación Restaurando Vidas en el municipio de Haina, San Cristóbal.

Para los diputados, no basta con intervenir, con detectar, con advertir; hay que dar seguimiento, cumplir las decisiones, se cumplan las medidas, este caso debe marcar un antes y un después en la República Dominicana, porque cuando se vulneran los derechos de los niños, hay que establecer responsabilidades.

Sse planteó que no solamente se deben investigar los maltratos denunciados, sino, además, determinar qué ocurrió después de una primera intervención y cómo un establecimiento que carecía de habilitación pudo continuar o volver a operar teniendo menores de edad bajo su cuidado.

Así lo advirtió la Comisión de Niñez y Familia de la CD que preside la diputada Nelsa Shoraya Suárez, acompañadas de colegas de todas las bancadas del cuerpo legislativo. En un amplio documento expresa que las informaciones en torno al caso aumentan su preocupación y los obligan, como Estado, a formular preguntas que deben recibir respuestas claras.

Sin habilitación

Deplora que el establecimiento no contaba con la habilitación requerida para ofrecer servicios de cuidado o atención residencial a niños, niñas y adolescentes y que ya había sido objeto de una intervención de las autoridades en septiembre de 2025, luego de detectarse irregularidades.

Ese antecedente, precisa la comisión ampliadas por legisladores de todos los partidos políticos, cambia necesariamente la dimensión de este caso.

“Como Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados, consideramos que no solamente debemos investigar los maltratos denunciados. También debemos determinar qué ocurrió después de aquella primera intervención y cómo un establecimiento que carecía de habilitación pudo continuar o volver a operar teniendo menores de edad bajo su cuidado”, señala el documento leído por Suarez.

Estima que la protección de los niños no puede terminar con una inspección, una advertencia o una intervención, las decisiones de las autoridades tienen que tener seguimiento y, sobre todo, cumplirse.

“Por eso consideramos necesario que las instituciones correspondientes sobretodo Ministerio Público, rinda las informaciones que permitan establecer cuál fue el seguimiento realizado después de la intervención que hizo el CONANI en septiembre de 2025, cuáles medidas fueron adoptadas por el ministerio público , a cuáles otras autoridades se notificaron todas las irregularidades detectadas y por qué, pese a esos antecedentes, nuevamente fueron encontrados menores en ese establecimiento”, subraya. Aclara que no plantea estas interrogantes con el propósito de prejuzgar responsabilidades, sino porque el Estado tiene la obligación de revisar sus propios mecanismos cuando los sistemas de protección presentan señales de fallas.

Al mismo tiempo, apunta, corresponde al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva y apegada al debido proceso para determinar las responsabilidades individuales correspondientes.

Revisar sistema

“Como Comisión, consideramos además que este caso debe conducirnos a una revisión del sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de todas las instituciones que albergan o prestan servicios a niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana”, precisa. En ese sentido expresa que “Necesitamos saber cuáles están habilitadas, cuáles operan fuera de la normativa, cuándo fueron inspeccionadas por última vez y qué mecanismos garantizan que una institución intervenida o impedida de prestar determinados servicios no continúe haciéndolo”..

Fuente: Hoy.