Opinión

Lavado de activos con recursos Senasa


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Por: Máximo Calzado Reyes

El pasado martes 10 de febrero del presente año, acompañamos al presidente de la Asociación Nacional de Afiliados al Sistema de Seguridad Social (Asonafiss), Joel Rodríguez, en la realización de una rueda de prensa en el local de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).

Dicha actividad generó un amplio respaldo de diferentes medios de comunicación, en la cual Asonafiss solicitaba a la PEPCA la ampliación y profundización de las investigaciones en torno al desfalco dantesco de más RD$15,000 millones en el caso Senasa, que involucra al Dr. Santiago Hazim y a una red mafiosa bien estructurada que incluye: red de farmacias, clínicas, laboratorios, médicos y personal administrativo.

Este hecho bochornoso, inhumano del cual se han hecho eco medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, tanto el ámbito local como internacional. Provocando, que este robo haya recibido diversos calificativos, debido a que se atentó contra la vida y la salud de miles de dominicanos.

En este contexto es importante destacar que el expresidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, llamaron la atención sobre el referido desfalco, y posteriormente los periodistas de investigación Nuria Piera y Alicia Ortega, entre otros le dieron calificativo de crimen de lesa humanidad, estas comunicadoras le pusieron la tapa al pomo, destacando la magnitud y la gravedad del robo de corrupción administrativa más grande en la historia de la República Dominicana.

Asonafiss como institución de la sociedad civil que vela por la protección de los derechos de los afiliados al (SDSS), se mantendrá vigilante y realizando las denuncias y rueda de prensa necesarias para que este crimen contra la salud de los trabajadores no quede impune.

En esas atenciones, sostiene que cualquier salida procesal debe garantizar no solo la recuperación del dinero, sino también cárcel para todos los implicados. Por tales razones, Asonafiss exige no sólo la devolución de lo sustraído, sino también cárcel, la sociedad necesita justicia, la salud no se negocia.

En conclusión, en virtud de ello, hace un llamado firme y directo a la Procuraduría General de la República y a la PEPCA para que realicen una investigación más amplia, más profunda, más integral, ya que se presume que recursos robados podrían estar siendo reconvertidos en inversiones en otros sectores de la economía. Si esa presunción se confirma, el país debe conocer con evidencia documentada y decisiones judiciales ejemplares. Justicia no es espectáculo: es verdad probada.

Fuente: el Caribe

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