El nuevo Código Penal: nuevas formas de criminalidad, nuevas respuestas

La entrada en vigencia de la Ley 74-25 coloca a la República Dominicana ante una nueva realidad en materia penal. No se trata solamente de contar con nuevas figuras delictivas, sino de reconocer que las formas de cometer delitos también han cambiado. El crimen organizado, la violencia dentro y fuera del hogar, las estafas, la corrupción, el acoso digital y el uso de la tecnología para causar daño forman parte de una realidad que exige respuestas distintas. Ese es, precisamente, uno de los grandes alcances del nuevo Código Penal: ampliar la mirada de la justicia frente a conductas que hoy afectan la vida, la seguridad, el patrimonio y la dignidad de las personas.

El cambio comienza por reconocer que el delito también se transforma. El terrorismo y el sicariato requieren herramientas específicas para ser perseguidos. La incorporación del terrorismo como tipo penal autónomo permite una persecución más precisa, mientras que la tipificación del sicariato enfrenta una modalidad criminal que atenta contra la vida y la seguridad colectiva. A ello se suman respuestas frente a la inducción al suicidio y los atentados culposos contra la vida.

Pero uno de los mayores valores de la reforma está en aquello que ocurre más cerca de la vida cotidiana. La violencia doméstica, la violencia psicológica y verbal, el abandono de niños, niñas y adolescentes, el bullying escolar y los acosos y hostigamientos, incluidos los que ocurren en el ámbito digital, forman parte de una realidad que exige protección efectiva. La ley entiende que la violencia no siempre comienza con un golpe y que también puede expresarse mediante amenazas, control, humillación o persecución constante.

Esa misma lógica explica la incorporación de mecanismos como el registro de agresores sexuales y una respuesta más rigurosa frente a la violación y corrupción de menores. También adquiere importancia la protección frente al uso de sustancias químicas para quemar o desfigurar a una persona, conocidas popularmente como “ácido del diablo”. Son conductas que producen daños que pueden acompañar a una víctima durante toda su vida y que merecen una respuesta penal proporcional a su gravedad.

La modernización alcanza igualmente al patrimonio y a la economía. Las estafas inmobiliarias, piramidales y colectivas pueden destruir los ahorros de familias. El robo de identidad, de celulares, dispositivos electrónicos y piezas de vehículos, así como la sustracción de metales y alcantarillas, muestran que la criminalidad cotidiana necesitaba respuestas. No se trata de delitos menores cuando detrás de ellos hay pérdidas económicas e inseguridad.

Y hay un capítulo que merece especial atención: la corrupción y el abuso de poder. El soborno, el desvío de fondos públicos, el tráfico de influencia, los contratos amañados y el enriquecimiento ilícito reciben un tratamiento más severo. El mensaje es claro: quien utiliza una función pública para obtener beneficios particulares no puede esperar que la sociedad considere ese abuso como una falta menor.

También en el mundo digital era necesario establecer responsabilidades sin poner en riesgo la libertad. La libertad de expresión está protegida por el nuevo Código Penal. Opinar, criticar, cuestionar y denunciar son derechos esenciales. Pero ejercerlos no significa tener autorización para destruir. Acusar falsamente para dañar una reputación, amenazar para obtener un beneficio, divulgar contenido privado o utilizar ataques sistemáticos no es el ejercicio legítimo de una libertad.

Por eso, la Ley 74-25 debe entenderse como algo más profundo que un catálogo de delitos y penas. Es la actualización de la respuesta del Estado ante una sociedad distinta. Después de 142 años, República Dominicana tiene un Código Penal que no mira hacia el pasado: habla el lenguaje de los delitos que enfrenta la sociedad de hoy.

Fuente: Listin Diario