Demandan a Eduardo Estrella y al MOPC por presunto incumplimiento de sentencias que ordenan pago de beneficios laborales

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, y esa institución fueron demandados ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el presunto incumplimiento de dos sentencias definitivas que ordenan el pago de más de RD$1 millón en beneficios laborales a favor de dos servidoras públicas de carrera.

Las decisiones judiciales disponen el pago de incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa, reajustes salariales y vacaciones acumuladas a favor de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero. Según la representación legal de las demandantes, las sentencias adquirieron carácter definitivo luego de agotarse los recursos disponibles y, pese a ello, no han sido ejecutadas.

La acción judicial fue presentada por el abogado Oliver Batia, director del Centro Jurídico Batia Ramos, quien aseguró que el Ministerio fue formalmente notificado de las decisiones emitidas por el TSA, así como de los mandamientos de pago correspondientes.

“Hemos intentado por todos los medios que el MOPC responda a lo que han establecido estas sentencias, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias para reivindicar el derecho de estas laboriosas personas”, afirmó Batia.

En el caso de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Obras Públicas el pago de RD$731,380.39 por concepto de incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y el equivalente a 60 días de vacaciones acumuladas, conforme a las disposiciones de la Ley 41-08 de Función Pública.

La sentencia estableció además una multa coercitiva de RD$5,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión, una vez vencidos los plazos legales y realizada la correspondiente notificación. De acuerdo con la parte demandante, la penalidad comenzó a correr el 1 de diciembre de 2025 y habría acumulado RD$1,025,000 hasta el 23 de junio de 2026.

Por otro lado, la Quinta Sala del TSA acogió parcialmente la demanda presentada por Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero y ordenó al Ministerio revisar el reajuste salarial reclamado, además de pagar RD$346,362.19 por concepto de incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y vacaciones acumuladas.

Según explicó Batia, ambas sentencias fueron declaradas definitivas luego de que la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia certificara la inexistencia de recursos de casación pendientes y se agotaran las vías ordinarias de impugnación.

Con ambas decisiones, el monto total ordenado por el Tribunal Superior Administrativo asciende a RD$1,077,742.58, sin incluir la multa coercitiva establecida en uno de los casos por alegado incumplimiento.

De manera paralela, el TSA fijó para el próximo 28 de julio una audiencia para conocer una nueva demanda en responsabilidad patrimonial presentada por Castillo Rodríguez contra el Ministerio de Obras Públicas y su actual titular. La acción busca determinar si la alegada falta de ejecución de las sentencias ha ocasionado perjuicios económicos y si corresponde establecer responsabilidad patrimonial al Estado.

Hasta el momento, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no se ha referido públicamente a las acciones judiciales ni a los señalamientos formulados por la parte demandante.

Fuente: RC