Opinión

Candidaturas independientes: una apertura necesaria para la democracia dominicana


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Por:  Giovanni Matos                                                                                                                                                  Director del El Sentido Común

La democracia dominicana acaba de recibir un importante recordatorio de uno de sus principios esenciales: el poder político reside en el pueblo y no en las estructuras partidarias. La sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana marca un antes y un después en la interpretación del sistema electoral al declarar no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral de la República Dominicana, que restringían de manera excesiva las candidaturas independientes.

Con esta decisión, el tribunal deja claro que los Partidos Políticos de la República Dominicana no poseen el monopolio absoluto de las postulaciones a cargos de elección popular. Aunque estos continúan siendo pilares fundamentales del sistema democrático, no pueden convertirse en la única puerta de acceso a la representación política.

Durante décadas, la práctica política dominicana ha estado marcada por la hegemonía de los partidos. En teoría, estas organizaciones sirven como instrumentos de participación ciudadana, articulan proyectos de nación y canalizan las aspiraciones colectivas. Sin embargo, en la práctica, muchas veces han terminado funcionando como estructuras cerradas, donde las decisiones se concentran en reducidos círculos de poder y donde el ciudadano común encuentra cada vez menos espacio para participar.

La sentencia TC/0788/24 rompe con esa lógica restrictiva. Al aplicar un test de razonabilidad, el tribunal concluyó que impedir o dificultar excesivamente las candidaturas independientes vulnera principios constitucionales esenciales como el pluralismo político y el derecho de los ciudadanos a participar directamente en la vida pública.

Este fallo no elimina ni debilita a los partidos políticos; por el contrario, los obliga a renovarse. Cuando el sistema político se abre a la competencia de candidaturas independientes, los partidos se ven forzados a mejorar sus procesos internos, a escuchar más a la ciudadanía y a seleccionar mejores representantes. En otras palabras, la competencia democrática fortalece la calidad de la política.

La decisión también establece que corresponde al Congreso Nacional de la República Dominicana y a la Junta Central Electoral de la República Dominicana regular adecuadamente estas candidaturas. Este punto es crucial. Abrir la puerta a candidaturas independientes no significa promover el desorden electoral ni la improvisación política. Deben existir reglas claras, requisitos razonables y mecanismos que garanticen transparencia y equidad en la competencia electoral.

El desafío ahora consiste en encontrar un equilibrio: evitar que las regulaciones se conviertan nuevamente en barreras disfrazadas, pero también impedir que el sistema electoral se fragmente de manera caótica.

Conviene recordar que la acción de inconstitucionalidad que dio origen a esta decisión fue presentada por el ciudadano Alberto Emilio Fiallo-Billini Scanlon, lo que demuestra que la defensa de la Constitución no es una tarea exclusiva de las instituciones, sino también de ciudadanos comprometidos con la democracia.

En esencia, esta sentencia reafirma un principio que nunca debió ponerse en duda: la política no pertenece a los partidos, pertenece al pueblo. Los partidos son instrumentos, no dueños de la representación.

Si la democracia dominicana aspira a fortalecerse, debe permitir que nuevas voces, nuevas ideas y nuevos liderazgos encuentren espacios legítimos de participación. Las candidaturas independientes no son una amenaza para el sistema político; son, más bien, una oportunidad para revitalizarlo.

La verdadera pregunta ahora no es si las candidaturas independientes deben existir. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ya ha dejado claro que sí. La verdadera interrogante es si el sistema político dominicano estará dispuesto a abrirse realmente a esa nueva etapa de mayor pluralismo y participación ciudadana.

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