Alta tensión en el tribunal

Ángel Lockward, uno de los implicados en un caso de corrupción que supera los 21 mil millones de pesos, denunció este viernes haber sido víctima de extorsión por parte de abogados representantes de familias querellantes. Según relató en plena audiencia, los juristas Pablo Castillo, José Javier Bidó y Martín Rubiera le habrían exigido gestionar con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el pago de 50 millones de pesos a cambio de retirar las querellas en su contra. La declaración generó tensión en la sala, donde incluso Castillo respondió con indignación, lo que llevó a la jueza Altagracia Ramírez a advertir que cualquier nuevo desorden sería sancionado con arresto inmediato.

En ese mismo escenario, Donald Guerrero afirmó que nunca fue notificado del informe elaborado en 2021 por la Unidad Antifraude de la Contraloría General, documento que el Ministerio Público usa como prueba principal en su contra. El exfuncionario aseguró que dicho informe se utilizó por más de cuatro años sin darle la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, lo que calificó como una violación al debido proceso y a la Ley 107-13. Sus abogados, Mario Eduardo Aguilera y María del Pilar Zulega, anunciaron que pedirán la exclusión de ese documento por carecer de validez procesal.

Además de Lockward y Guerrero, otros acusados como Juan Tomás Polanco, Julián Omar Fernández y Alejandro Antonio Constanzo Sosa también intervinieron para realizar aclaraciones sobre los señalamientos. El tribunal dispuso el inicio de la fase de defensa técnica, iniciando con el imputado Agustín Ávila. La audiencia, que se desarrolla en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, corresponde a la etapa preliminar del proceso que investiga un presunto fraude millonario al Estado mediante la venta irregular de terrenos para financiar la campaña electoral de 2020. Entre los procesados figuran también los exministros Gonzalo Castillo y Ramón Peralta, el excontralor Daniel Omar Caamaño, así como exdirectores de distintas instituciones estatales.

Fuente: Cachicha