Acuerdos e imputados: ¿realidad jurídica o ficción política?

En los casos de corrupción administrativa, lavado de activos y narcotráfico, el Ministerio Público ha anunciado, con estridencia mediática y solemnidad institucional, la suscripción de supuestos acuerdos económicos con imputados, tanto durante los gobiernos del PLD como del PRM. No obstante, más allá del ruido comunicacional y de los titulares complacientes, surge una pregunta que no ha sido respondida con la seriedad que exige un Estado de Derecho: ¿Dónde están las constancias documentales de la entrega efectiva de esos recursos al Estado dominicano?

Esta interrogante no es retórica ni antojadiza. En un sistema de administración financiera pública mínimamente funcional, todo dinero que ingresa o egresa del Estado debe transitar obligatoriamente por la Tesorería Nacional, dejando huellas verificables en las instancias de control: el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

En ese sentido, la Procuraduría tiene el deber ineludible de rendir cuentas al país, explicando con precisión dónde están esos recursos, bajo qué renglones fueron registrados, en qué cuentas ingresaron y qué destino han tenido. De lo contrario, los llamados acuerdos de delación premiada corren el riesgo de convertirse en un instrumento de opacidad selectiva, más cercano al pacto político que a la justicia penal moderna.

Hoy emergen voces agoreras que, apelando a una supuesta sensibilidad humanitaria, sostienen que el doctor Hazim está enfermo y debe recibir tratamiento en los Estados Unidos. Muy bien. Pero cabe preguntarse, con la misma humanidad que ahora se invoca: ¿pensó él en su enfermedad cuando diseñó y dirigió la estructura criminal del mayor robo a la salud pública en la historia de la República Dominicana?

¿Pensó en los miles de pacientes a quienes se les negaron diálisis, cirugías, medicamentos de alto costo, y que vieron agravarse o perder su vida por decisiones administrativas criminales? ¿Dónde estuvo la compasión cuando se robaba el derecho fundamental a la salud de los más pobres y de amplios sectores de la clase media?

En síntesis, el Ministerio Público no solo debe continuar, sino ampliar de manera exhaustiva las investigaciones, incorporando al expediente a todos los responsables, directos e indirectos, sin excepciones, sin pactos silenciosos y sin privilegios encubiertos. Solo así se podrá hablar, con legitimidad, de justicia, del Estado de Derecho y de una verdadera lucha contra la corrupción.

Fuente: el Caribe