Indexación salarial en la República Dominicana

Por: Máximo Calzado Reyes

Desde el año 2017 en el país, se ha venido inobservando lo que establece la Ley No.11-92 que instituye el Código Tributario, en su artículo 327, lo que deviene no solo en una violación legal, sino también constitucional, al omitir por más de ocho años la actualización de las escalas salariales exentas de impuestos, pese a que la norma establece claramente: “El Poder Ejecutivo ordenará para cada año calendario un ajuste por inflación en base a la metodología establecida en el Reglamento, basada en el Índice de los Precios al Consumidor del Banco Central.”

Recientemente, según el senador del Distrito Nacional Omar Fernández, la última indexación efectiva fue realizada en el año 2017, lo que implica que desde entonces el Estado viene aplicando un impuesto distorsionado y regresivo, que castiga a la clase media y asalariada, que hace que miles de trabajadores paguen impuestos por ingresos que ya han perdido valor real debido a la inflación acumulada.

Este incumplimiento es una “violación olímpica de la ley” y una falla institucional grave, que atenta contra el principio de legalidad administrativa, consagrado en el artículo 138 de la Constitución. Por eso, “no se trata de un tecnicismo tributario, sino de una deuda moral y jurídica con los trabajadores. No indexar los salarios es robarles silenciosamente su poder adquisitivo, disfrazando de recaudación lo que en realidad es una injusticia social”.

Sin embargo, los trabajadores no esperan reconocimientos verbales, sino acciones concretas. En ese sentido, el director de la DGII, Luis Valdez Veras, debe emitir una resolución que anuncie la nueva escala de salarios exentos de impuestos y gravados, como se hizo en el año 2017, que devuelva a la clase media el equilibrio fiscal que le corresponde por derecho.

En ese mismo orden, de haberse aplicado desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2025, el sueldo mensual exento sería de RD$51,486.41. El incumplimiento de la ley, representa para el gobierno RD$16,782 millones, y la afectación de la calidad de vida de 764,592 trabajadores.

En conclusión, el Gobierno debe cumplir con el mandato legal y constitucional. Y si no lo hace, los trabajadores y sociedad, están llamados a exigirlo, Ocho años de incumplimiento legal y un silencio que empobrece, por la pérdida real del salario exento. Finalmente, ante esta violación de la ley, como el gobierno pretende evitar la evasión fiscal, si es el primero que olímpicamente viola la norma tributaria.

Fuente: el Caribe