¡Viernes negro para los partidos políticos¡

Por: Máximo Calzado Reyes

Hay decisiones de gobierno que se anuncian y hay decisiones que se emboscan. Lo ocurrido con la reducción del 50 % al financiamiento público de los partidos políticos pertenece a la segunda categoría. No fue una medida presentada en un gran pacto nacional, ni el resultado de una deliberación abierta con todas las fuerzas vivas del país.

Fue soltada al caer la noche del 30 de abril, como parte de un paquete de austeridad con el que el Poder Ejecutivo dice buscar una disponibilidad cercana a los RD$40,000 millones frente al impacto económico de la crisis en Medio Oriente y el alza del petróleo. Dentro de ese paquete, el hachazo a los partidos apareció como una de las decisiones más ruidosas y, políticamente, más convenientes para el gobierno.

No se trata de una simple línea presupuestaria. Se trata del oxígeno de la democracia plural. Porque cuando se golpea el financiamiento público de los partidos, no solo se castiga a las cúpulas; también se debilitan estructuras territoriales, equipos técnicos, procesos de formación, tareas de fiscalización y mecanismos de participación que sostienen la competencia democrática.

El dinero público destinado a los partidos no es un regalo: es una herramienta para evitar que la política quede secuestrada exclusivamente por el poder económico o por el aparato estatal de turno. Por eso esta medida no puede analizarse con la superficialidad populista del “quítenles dinero a los políticos y que el pueblo aplauda”. Eso seduce en la consigna, pero erosiona en la práctica.

Lo más preocupante no es solo el tamaño del recorte, sino el método. Según reportó Listín Diario, dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo afirmaron que el tema no fue socializado con ellos en las reuniones previas que sostuvieron con representantes del gobierno. Es decir, se les convoca para ciertos diálogos nacionales, se le sienta a la mesa cuando conviene exhibir institucionalidad, pero cuando llega la hora de una decisión que golpea directamente el equilibrio del sistema, entonces se les excluye. Ese doble discurso es el que lastima la credibilidad del poder. Porque el consenso no puede ser una utilería para la foto: o se cree en él siempre, o no se cree en él nunca.

El gobierno ha querido vestir la medida con el ropaje del sacrificio compartido. Otra vez aparece la narrativa de que “todos debemos apretarnos”. Pero ahí es donde nace la sospecha política. En 2020, el propio presidente Abinader defendió un recorte similar del 50 % a los fondos de los partidos en medio de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 y bajo el argumento de que “todos debemos sacrificarnos en estos momentos”. Aquella vez el país vivía una emergencia sanitaria y fiscal extraordinaria. Hoy el contexto es distinto: el gobierno reconoce tensiones externas por el petróleo, sí, pero al mismo tiempo sus propias autoridades sostienen que el país preserva estabilidad macroeconómica, crecimiento y reservas internacionales por encima de los US$16,000 millones. Si esa fortaleza es real, entonces el tijeretazo a los partidos deja de parecer una necesidad ineludible y empieza a leerse como una decisión de cálculo político.

Hay otro dato que no debe pasar inadvertido. De acuerdo con la información publicada sobre la Ley de Presupuesto de 2026, la contribución estatal a partidos, agrupaciones y movimientos políticos asciende a RD$1,620 millones. Reducirla a la mitad implicaría cercenar alrededor de RD$810 millones. Para el Estado, dentro de un presupuesto de dimensión gigantesca, esa cifra no cambia el destino de la nación. Para los partidos, en cambio, sí puede alterar seriamente su capacidad de operar, organizarse y ejercer oposición real. Ahí radica la gravedad del asunto: lo que para el gobierno puede presentarse como un gesto de austeridad, para el sistema democrático puede convertirse en un mecanismo de asfixia.

Y es justamente por eso que la medida huele más a conveniencia que a reforma. Porque siempre resulta políticamente rentable recortar donde el aplauso fácil está garantizado. Es sencillo decir que se les quitará dinero a los partidos, sabiendo que una parte importante de la ciudadanía mira con desconfianza a la clase política. Lo difícil sería aplicar con la misma severidad la tijera a todas las zonas de confort del Estado, desmontar privilegios, transparentar gastos superfluos y convertir la austeridad en una ética transversal, no en una jugada selectiva. Cuando la austeridad golpea sobre todo al adversario institucional, deja de ser un principio y se convierte en un instrumento.

No es exagerado ver en esta decisión un mensaje anticipado hacia 2028. Un oficialismo con control del aparato estatal siempre tendrá más capacidad de maniobra, más visibilidad y más recursos indirectos que cualquier oposición. Por eso el financiamiento público existe: para reducir, aunque sea parcialmente, esa desigualdad estructural. Debilitarlo sin una conversación amplia y sin una reforma integral del gasto político equivale a inclinar la cancha antes de que empiece el juego. Y una democracia sana no se mide solo por la fuerza del gobierno de turno, sino por las garantías reales que tiene la oposición para existir, organizarse y disputar el poder.

Al final, este no es solo un debate sobre dinero. Es un debate sobre confianza, reglas de juego y respeto al pluralismo. Con una medida de esta naturaleza, adoptada sin consulta previa con los partidos afectados y presentada como si fuera una hazaña moral, el gobierno se hace un daño que quizá hoy no dimensiona: deteriora su palabra para futuros llamados al consenso nacional. Porque quien convoca al diálogo en unos temas, pero impone por sorpresa en otros, termina vaciando de contenido la idea misma de concertación. Y cuando un gobierno pierde autoridad moral para convocar, no solo se debilita la oposición: se debilita la República.